El destino del centro estaba casi sellado desde que Debra Burlingame publicó el pasado 8 de junio un gran artículo en el Wall Street Journal exponiendo las razones por las que se oponía al proyecto: “[Quienes acudan a la Zona Cero] no verán un homenaje respetuoso a nuestra pérdida individual y colectiva. Recibirán una lección sesgada de historia, una conferencia didáctica sobre el sentido de la libertad en el mundo del post 11-S. Se les ofrecerá una detallada discusión de política exterior acerca del auténtico significado de Abú Ghraib y de lo que presagia para nuestro país y el resto del mundo”.
El centro dedicado al recuerdo del 11-S "se negaba de plano", en palabras de Debra Burlingame, "a reconocer" el 11-S. El proyecto, como la propia Burlingame denunció, estaba patrocinado, entre otros, por George Soros, Eric Foner (profesor de historia en la Columbia University) y Michael Posner, líder de una organización que dice defender los derechos humanos. Todos ellos se han mostrado críticos con la política de la Administración Bush, pero sobre todo han trivializado sin descanso el significado del 11-S.
Y siempre con las mismas conclusiones. De una manera u otra, la política norteamericana justifica los atentados. El dolor de los que sobrevivieron, de los familiares y de los amigos de las víctimas es, en el mejor de los casos, una manifestación de mal gusto. Y los asesinados, las víctimas, pasan a convertirse en ausentes. Les suena, ¿verdad? Pásense por la estación de Atocha, en Madrid, y verán lo que queda del recuerdo del 11-M.
Debra Burlingame y el grupo al que servía de portavoz, Take Back the Memorial Movement, se negaron a que sus familiares asesinados tuvieran ese destino, como se negaron a transmutarse ellos mismos en fantasmas culpabilizados de una sociedad descerebrada y sin sentimientos. A Burlingame la despreciaron por "ama de casa", y el New York Times, que la criticó en un editorial, se negó a publicar su carta de réplica. Incluso recibió la llamada de alguna persona cercana a la Administración Bush para que se mostrara más razonable.
Al final, Burlingame ha conseguido lo que se propuso: que no se manipule el dolor de las víctimas y no se las insulte.
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Cindy Sheehan, en cambio, está todavía lejos de conseguir su objetivo, que es, lisa y llanamente, la retirada de las tropas norteamericanas de Irak. A diferencia de Debra Burlingame, Cindy Sheehan no necesita presentaciones. Ha tenido todas las facilidades del mundo para exponer sus opiniones. Desde las páginas del New York Times se le ha investido –literalmente– de una autoridad moral absoluta. Eso debería obligar a otorgar la misma autoridad a los familiares de soldados, en particular de soldados muertos o heridos, que apoyan la política de su país en Irak. No es así, como es obvio.
Cindy Sheehan, en virtud de su condición, suscita simpatía y respeto. Otra cosa es el juicio que merecen sus opiniones. Ha culpado a Israel de la muerte de su hijo, y hace poco tiempo declaró que el Gobierno debería retirar las tropas ocupantes de Nueva Orleáns. Lo peor es que ha sido elevada a categoría de símbolo por quienes se oponen a la intervención de su país en Irak. Es la vuelta de Vietnam, pero no en Oriente Medio, como les gustaría que ocurriese a la generación de los 60, sino en Estados Unidos.
Y ya metidos en el túnel del tiempo, Sheehan y sus patrocinadores llegan aún más lejos. Según ha recordado Krauthammer en el Washington Post, el grupo que ha organizado las protestas contra la guerra celebradas en Washington es el Partido Mundial de los Trabajadores. Echa sus raíces en los grupos estalinistas que en los buenos tiempos reprocharon a otros izquierdistas no aplaudir la invasión de Hungría por la Unión Soviética y luego han elogiado a Milosevic y a Sadam Husein.
Siempre que la detienen, Cindy Sheehan exhibe una sonrisa beatífica. Es la extraña sonrisa, al borde mismo del desvarío, de quien ha decidido absolver a quienes mataron a su hijo y culpar, en cambio, a los suyos, a quienes considera sus enemigos políticos. ¿Más reminiscencias españolas?
Hay quien dice en Estados Unidos que sobre esos mimbres no se construye un auténtico movimiento de oposición. Habrá que verlo.
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Tampoco la soldado Lynndie England necesita presentación alguna. Como Cindy Sheehan, ha sido elevada a la categoría de símbolo, aunque en este caso de la abyecta conducta del Ejército norteamericano. England fue condenada el 25 de septiembre por un cargo de conspiración, otro de actos indecentes y cuatro más de malos tratos a detenidos. Se enfrenta a un máximo de nueve años de cárcel. Ya han sido juzgados otros ocho militares, de los que dos han sido condenados.
Lo relevante del caso no es sólo la rapidez del juicio y su transparencia. También ha quedado demostrado que ni England ni sus compañeros cometieron sus brutalidades como actos de tortura encaminados a conseguir información de los detenidos. Salvajismo o sadismo, sí, pero no acciones deliberadamente apoyadas por la cadena de mando. Al revés.
Unos 70.000 detenidos han pasado por manos norteamericanas desde finales de 2001. Desde entonces se han producido 500 investigaciones criminales por supuestos malos tratos. La mayoría han sido sobreseídas. Aun así, ya han sido castigadas 200 personas, por actos que van desde abstenerse de informar hasta abuso de prisioneros. Se han producido doce investigaciones de primera categoría, se han llevado a cabo más de 2.800 entrevistas, 31 vistas en el Congreso, y se han producido 16.000 páginas de documentos (datos de Robert L. Pollock, en 'The Torture Narrative Unravels', Wall Street Journal, 1 de octubre de 2005).