La pregunta la han planteado desde intelectuales, artistas y líderes europeos hasta activistas cívicos y políticos norteamericanos y latinoamericanos, pasando por diarios españoles como El País, El Mundo y ABC o norteamericanos como el Washington Post y el Wall Street Journal.
Para responderla, bien podríamos comenzar negativamente, señalando lo que no deberían hacer, pero han hecho siempre hasta ahora, los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales creadas por las democracias para defender sus valores e incluso muchos de los que hoy justamente se indignan por la brutalidad y la crueldad tan visibles de la dictadura cubana, es decir, por el público y televisado lanzamiento de turbas fascistas para ahogar en gritos, insultos y golpes a las pacíficas Damas de Blanco; por la premeditación con que se dejó morir en huelga de hambre a un opositor indefenso como Orlando Zapata Tamayo; por la negativa a liberar a los presos de conciencia, incluso los 26 enfermos cuya excarcelación reclama otro huelguista de hambre, Guillermo Fariñas.
Lo que no deberían hacer los gobiernos, entidades no gubernamentales e individuos solidarios con las víctimas del castrismo es pasar la página de los recientes actos de represión, como la pasaron muchos cuando la dictadura reprimió y vejó salvajemente, con los mismos métodos fascistoides, a los miles de cubanos que se refugiaron en la embajada de Perú en La Habana en 1980 y a las decenas de miles que luego decidieron huir de la isla por el puerto de El Mariel; cuando fusiló a tres jóvenes negros por secuestrar una embarcación para "salir ilegalmente'' del país y arrestó y condenó sumariamente a 75 opositores y periodistas independientes en la primavera de 2003; cuando, en los años 60 y 70, llenó las cárceles de presos políticos, torturó y asesinó a muchos e incluso manipuló el código penal para criminalizarlos.
Del lado positivo, las influyentes democracias deberían llevar a los foros internacionales el reclamo de la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y reconocer y alentar a quienes en la isla luchan pacíficamente por la democracia y la libertad. También deberían suspender cualquier ayuda a Cuba que no sea humanitaria, y cerciorarse de que la ayuda humanitaria realmente lo sea y se destina al pueblo necesitado. El gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos deberían, además, destrabar cuanto antes los 40 millones de dólares asignados para apoyar el resurgimiento de la sociedad civil en la isla: se trata de fondos que se mantienen congelados, en parte, por legisladores, como el demócrata John Kerry, empeñados en mejorar las relaciones con la satrapía castrista; y deberían fortalecer las transmisiones de Radio y TV Martí.
Con dos preguntas relevantes, el periodista y escritor francés Bertrand de la Grange hizo otra sugerencia clave: ¿por qué no se fiscalizan los millonarios depósitos bancarios e inversiones en Europa, América Latina y Canadá de los hermanos Castro y otros miembros de la nomenclatura que esclaviza a los cubanos? ¿Y por qué no se les prohíbe la entrada en los países democráticos, como se hace con otros criminales políticos y comunes? La incorregible conducta depredadora de los Castro y sus secuaces ciertamente justifica estas y otras sanciones, que les privarían de una razón fundamental para mantenerse atrincherados en el poder absoluto, sin el más mínimo respeto por el bienestar o la suerte de sus víctimas.
© AIPE
DANIEL MORCATE, periodista cubano.
Para responderla, bien podríamos comenzar negativamente, señalando lo que no deberían hacer, pero han hecho siempre hasta ahora, los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales creadas por las democracias para defender sus valores e incluso muchos de los que hoy justamente se indignan por la brutalidad y la crueldad tan visibles de la dictadura cubana, es decir, por el público y televisado lanzamiento de turbas fascistas para ahogar en gritos, insultos y golpes a las pacíficas Damas de Blanco; por la premeditación con que se dejó morir en huelga de hambre a un opositor indefenso como Orlando Zapata Tamayo; por la negativa a liberar a los presos de conciencia, incluso los 26 enfermos cuya excarcelación reclama otro huelguista de hambre, Guillermo Fariñas.
Lo que no deberían hacer los gobiernos, entidades no gubernamentales e individuos solidarios con las víctimas del castrismo es pasar la página de los recientes actos de represión, como la pasaron muchos cuando la dictadura reprimió y vejó salvajemente, con los mismos métodos fascistoides, a los miles de cubanos que se refugiaron en la embajada de Perú en La Habana en 1980 y a las decenas de miles que luego decidieron huir de la isla por el puerto de El Mariel; cuando fusiló a tres jóvenes negros por secuestrar una embarcación para "salir ilegalmente'' del país y arrestó y condenó sumariamente a 75 opositores y periodistas independientes en la primavera de 2003; cuando, en los años 60 y 70, llenó las cárceles de presos políticos, torturó y asesinó a muchos e incluso manipuló el código penal para criminalizarlos.
Del lado positivo, las influyentes democracias deberían llevar a los foros internacionales el reclamo de la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y reconocer y alentar a quienes en la isla luchan pacíficamente por la democracia y la libertad. También deberían suspender cualquier ayuda a Cuba que no sea humanitaria, y cerciorarse de que la ayuda humanitaria realmente lo sea y se destina al pueblo necesitado. El gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos deberían, además, destrabar cuanto antes los 40 millones de dólares asignados para apoyar el resurgimiento de la sociedad civil en la isla: se trata de fondos que se mantienen congelados, en parte, por legisladores, como el demócrata John Kerry, empeñados en mejorar las relaciones con la satrapía castrista; y deberían fortalecer las transmisiones de Radio y TV Martí.
Con dos preguntas relevantes, el periodista y escritor francés Bertrand de la Grange hizo otra sugerencia clave: ¿por qué no se fiscalizan los millonarios depósitos bancarios e inversiones en Europa, América Latina y Canadá de los hermanos Castro y otros miembros de la nomenclatura que esclaviza a los cubanos? ¿Y por qué no se les prohíbe la entrada en los países democráticos, como se hace con otros criminales políticos y comunes? La incorregible conducta depredadora de los Castro y sus secuaces ciertamente justifica estas y otras sanciones, que les privarían de una razón fundamental para mantenerse atrincherados en el poder absoluto, sin el más mínimo respeto por el bienestar o la suerte de sus víctimas.
© AIPE
DANIEL MORCATE, periodista cubano.