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ISRAEL

Portazo al 'derecho de retorno' palestino

Entre 1967 y 1993, apenas unos cientos de palestinos procedentes de Cisjordania o Gaza obtuvieron el derecho a residir en Israel tras casarse con árabes israelíes (constituyen prácticamente la quinta parte de la población de Israel) y obtener la ciudadanía israelí.


	Entre 1967 y 1993, apenas unos cientos de palestinos procedentes de Cisjordania o Gaza obtuvieron el derecho a residir en Israel tras casarse con árabes israelíes (constituyen prácticamente la quinta parte de la población de Israel) y obtener la ciudadanía israelí.

Los Acuerdos de Oslo contienen una cláusula sobre la reunificación familiar poco comentada pero que convirtió el goteo en un torrente: entre 1994 y 2002 unos 137.000 residentes en la Autoridad Palestina (AP) se mudaron a Israel, en algunos casos tras protagonizar matrimonios de conveniencia o incurrir en la poligamia.

Israel tiene dos razones de peso para temer esa inmigración sin control. La seguridad es una de ellas. Yuval Diskin, jefe del Shabak, informó en 2005 de que, de los 225 árabes israelíes implicados en ataques terroristas contra Israel, 25 de ellos, es decir, el 11%, había entrado en el país gracias a la cláusula de reunificación familiar. Llegaron a matar a 19 israelíes y a herir de gravedad a otros 83; el más famoso de ellos, el terrorista suicida Shadi Tubasi, mató a 15 personas en el ataque que perpetró contra el restaurante Matza de Haifa en 2002.

En segundo lugar, es una suerte de puesta en práctica encubierta del derecho de retorno palestino, por lo que socava la naturaleza judía de Israel. Esos 137.000 nuevos israelíes constituyen alrededor del 2% de la población, cifra para nada menor. En 2003, el actual ministro de Economía, Yuval Steinitz, veía en el fomento de la reunificación familiar por parte de la AP "una estrategia deliberada" para aumentar el número de palestinos en Israel y minar su carácter judío. El destacado negociador palestino Ahmed Qurei confirmó más tarde los temores de Steinitz:

Si Israel sigue rechazando las propuestas relativas a las fronteras [de un futuro Estado palestino], exigiremos la ciudadanía israelí.

En respuesta a ambos peligros, el Parlamento israelí aprobó en julio de 2003 una ley que impide a miembros de familias palestinas adquirir automáticamente el permiso de residencia o la ciudadanía israelí, con limitadas y temporales excepciones en las que el ministro del Interior ha de certificar que los beneficiarios se "identifican" con Israel o que, por la razón que sea, son necesarios para el país. Dos años más tarde, y saliendo al paso de las fuertes críticas, el entonces primer ministro, Ariel Sharón, afirmó:

El Estado de Israel tiene todo el derecho a conservar y proteger su carácter judío, incluso si para ello ha de modificar su política sobre la [concesión de la] ciudadanía.

Según el abogado Sawsan Zaher, que recurrió la referida ley, sólo 33 de las 3.000 solicitudes de excepción han sido aprobadas.

Israel no es en absoluto el único que está fijando requisitos más estrictos para las reunificaciones familiares: así, Dinamarca lleva una década aplicando una legislación similar, lo que le ha llevado, por ejemplo, a impedir la entrada en su territorio a un ciudadano israelí; los Países Bajos y Austria están en la misma estela.

En enero, el Tribunal Supremo de Israel refrendó, por 6 votos a 5, esa ley crucial, convirtiéndola así en permanente. Si bien reconoce el derecho de cada cual a contraer matrimonio, el alto tribunal rechaza que ello implique necesariamente la concesión automática del derecho de residencia. "Los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional", ha escrito el presidente de la sala, Asher Dan Grunis.

El patrón migratorio palestino se remonta prácticamente al año 1882, cuando los judíos europeos iniciaron su aliá ("ascenso", en hebreo; así denominan los judíos a la emigración a la Tierra de Israel). En 1939 Winston Churchill advertía que la inmigración judía había despertado un movimiento similar entre los árabes:

Lejos de ser perseguidos, los árabes se han volcado sobre el país hasta multiplicarse e incrementar la población.

Y es que no hay que ser judío para disfrutar del elevado nivel de vida de los sionistas y de una sociedad respetuosa con la ley. Joan Peters calcula que entre 1893 y 1948 las inmigraciones árabe y judía fueron de similares proporciones. No hay de qué sorprenderse: otros europeos modernos asentados en áreas poco pobladas (piense en Australia o África) crearon igualmente sociedades que atrajeron a las poblaciones indígenas.

La aliá palestina se ha mantenido con el nacimiento de Israel. Puede que sean antisionistas, pero, ya emigren por motivos económicos o políticos, por ser homosexuales o confidentes de los servicios de seguridad israelíes, o simplemente porque quieren votar con los pies, lo cierto es que demuestran preferir el descollante Estado liberal moderno del Medio Oriente antes que los infernales agujeros que desgobiernan Hamás y la AP. Por otro lado, repare en los poquísimos árabes israelíes que se mudan a Cisjordania o a Gaza con sus mujeres, aunque ningún obstáculo legal les impida hacerlo.

El fallo del Tribunal Supremo tiene implicaciones trascendentales a largo plazo. Como ha escrito Eli Hazán en Israel Hayom,

el Tribunal falló de jure pero también de facto que el Estado de Israel es un Estado judío, y por tanto zanjó un debate que venía de años atrás.

El portazo a la aplicación subrepticia del derecho de retorno palestino garantiza la identidad y el futuro del Israel sionista.

 

danielpipes.org

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