La Constitución de Evo es nula

Ese texto durará sólo lo que dure la intervención venezolano-cubana en Bolivia, que busca la reelección indefinida del presidente cocalero y terminar con la libertad y la democracia, para llevar el país a un sistema totalitario de partido único. Podrá tener vigencia sólo por imposición, no tendrá legitimidad y su legalidad estará viciada por la nulidad. Su aplicación estará limitada al tiempo de ejercicio del Gobierno actual, que necesita de esta Constitución para hacer pasar por democrático su régimen autoritario.

 

En tres años, con la agenda del neocolonialismo cubano-venezolano, Evo ha asumido una política exterior antinorteamericana y profundamentalista islámica, mientras que en lo interno ha buscado el poder total. Las instancias que han resistido fueron y son objeto de agresiones, persecuciones, acusaciones y denuncias falsas, y los opositores han sido encarcelados, forzados al exlilio o ultimados. El engaño, la coacción, la corrupción, la calumnia, la propaganda masiva con fondos procedentes de la intervención extranjera y la coca, el estatismo, el neocomunismo, los sobornos, las masacres y el fraude electoral son algunos de los instrumentos que Morales está manejando, con éxito personal.

 

Hoy, en Bolivia no existe una sola institución independiente del poder presidencial: Evo Morales ha destrozado el Tribunal Constitucional; ha sometido a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General y al Banco Central; ha controlado y luego anulado a la Corte Suprema de Justicia; se ha apoderado de la Corte Nacional Electoral, con lo que ha hecho desaparecer cualquier posibilidad de transparencia electoral; tiene el control político de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en las que ha introducido personal cubano y venezolano; ha perseguido, encarcelado, desterrado o sacado de sus funciones a prefectos (y otras autoridades) elegidos por el voto popular.

 

En ese marco de fuerza, y atropellando toda la institucionalidad democrática, Evo ha sacado adelante la aprobación de su Constitución, que marca la desaparición de la Nación Boliviana y representa la más seria amenaza de confrontación permanente entre bolivianos.

 

Desde su convocatoria, la Asamblea Constituyente violó el mecanismo de reforma que establece la Constitución Política del Estado de 1995, que no permitía reformas constitucionales por el procedimiento populista de la asamblea, que es el históricamente preferido para instaurar y legalizar regímenes totalitarios.

 

La ley de convocatoria a Asamblea Constituyente estableció que la duración de ésta sería de un año, determinó como lugar fijo de sesiones Sucre y dispuso que las decisiones se tomaran por dos tercios. Estas disposiciones fueron violadas, pues al año de funcionamiento de la Constituyente no se había aprobado proyecto alguno, y la Asamblea cerró sus puertas. Sin embargo, el Congreso Nacional prorrogó el plazo de labores de la misma y redujo el porcentaje de votación necesario para aprobar el texto de dos tercios a mayoría simple. Esto fue consecuencia de un acuerdo entre Evo y Jorge (Tuto) Quiroga, del partido Podemos (a quien Evo presionaba con un juicio de responsabilidades por presunta corrupción).

 

Así reconstruyeron la Constituyente, que después de prácticamente otro año aprobó, sólo por mayoría, la primera versión del texto en un cuartel militar de la afueras de Sucre y en medio de una masacre perpetrada por el Gobierno contra los ciudadanos de esa ciudad. La aprobación definitiva se produjo en Oruro, y bajo la protección cocalero-sindical.

 

Ese documento tan viciosamente aprobado por la Constituyente fue enviado al Congreso, que sin atribución constitucional alguna, y por otro acuerdo Evo-Tuto, modificó la denominada Nueva Constitución Política del Estado.

 

Con estos hechos, constatamos que la Constitución que fue sometida a referéndum el pasado domingo 25 de enero no era el texto elaborado por la reconstruida Asamblea Constituyente, sino el acordado por Evo y Tuto Quiroga, bajo la presión de los denominados "movimientos sociales" de Evo, que cercaron el Congreso.

 

Una Asamblea Constituyente extinguida y por lo tanto ya inexistente, reconstruida cuando ya había cesado su mandato y vigencia, que votó con menos de dos tercios, que sesionó fuera de sede, y un Congreso que modificó el texto constitucional aprobado por esa Asamblea y emitió sin atribución alguna el proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado son los hitos que marcan la creación de la Constitución de Evo y los que señalan su nulidad.

 

Nada de lo actuado ha respetado la voluntad popular ni la democracia, por lo que es inevitable la aplicación del art. 31 de la Constitución Política del Estado, que manda: "Son nulos los actos de quienes usurpan funciones que nos le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley". Ninguno de los redactores o presentadores de la Constitución de Evo tenía atribución legal para ello, y dicho texto no ha pasado por las manos de ningún miembro de la Constituyente.

 

Además, la Constitución de Evo ha sido aprobada en un referéndum caracterizado por el fraude electoral –sobre todo en el campo–, que el Gobierno de Bolivia está encubriendo ante el mundo por medio de la Corte Nacional Electoral, que es de su dependencia, y de su bien montado aparato de propaganda. El fraude ha consistido en el denominado "voto comunitario", confesado por el Gobierno, un voto inducido y bajo presión que viola el principio del voto individual y secreto. Se ha hecho fraude también con la duplicación, suplantación o depuración de electores a partir del sistema de identificación manejado por los agentes cubanos. El informe de la comisión de observadores de la Unión Europea es un texto que hay que tomar en cuenta.

 

La reelección inmediata por una sola vez recuerda el referéndum de Chávez del año 2001, que abrió la vía a nuevas reformas conducentes a la reelección indefinida.

 

La Constitución de Evo ensalza el estatismo y el centralismo, reconoce más de treinta nacionalidades para así acabar con la unidad nacional, da carta de naturaleza a la confrontación étnica, destroza la soberanía nacional otorgando territorio a comunidades privilegiadas... La destrucción de la Corte Suprema de Justicia, el otorgamiento de más derechos y menos obligaciones a determinados grupos, la intervención estatal en el derecho de propiedad, la libertad de prensa, la inversión privada y la banca; el desconocimiento de los derechos laborales, la posibilidad de reformar totalmente la Constitución y la apertura de una vía al totalitarismo de partido único son otros elementos de la Constitución de Evo que analistas, columnistas y especialistas bolivianos y extranjeros han comentado con alarma, y que nadie de los que desde fuera acuden en apoyo de Evo aceptarían que rigieran en sus propios países, o donde querrían que sus hijos se educasen y desarrollen.

 

Por esto, quienes apliquen o respalden la Constitución de Evo serán responsables, por acción u omisión, política y jurídicamente, de sus efectos; serán responsables de la imposición de una Constitución nula, que ha nacido muerta, fruto de un proceso que ha devastado la democracia en Bolivia.

 

Al cesar el régimen de fuerza que hoy controla Bolivia, cesará la Constitución de Evo y Bolivia podrá retornar a la democracia.