La televisión transmitió el aquelarre, con toda su carga de brutalidad y humillación. Fueron unos castigos de esos que la Corte de Justicia de los Estados Unidos considera "crueles e inusuales" y que a estas alturas de la civilización no son aceptables ni tolerables.
Marlon Santi, presidente de la Conaie (Confederación de Indígenas del Ecuador), tiene la desfachatez de afirmar que la pena impuesta el sujeto en cuestión fue "leve", pues en otras comunas incluso se estila aplicar ají al ojo del condenado.
En la comunidad Veinticinco de Agosto, del cantón de Loreto, dos jóvenes acusados de agredir a un profesor quichua fueron quemados. Uno de esos jóvenes ha dejado dos niñas huérfanas. En una población cercana a Pujilí (provincia de Cotopaxi), la policía rescató a un supuesto cuatrero cuando iba a ser sometido a tormentos físicos según mandan los cánones de la justicia indígena.
Estos no son casos aislados, son sólo los últimos en un macabro rosario de ataques a la dignidad humana. Antropólogos a sueldo de las ONG han convencido a los izquierdistas de que, en el pasado, los indios tuvieron justicia propia. Nunca se dice que en el mundo precolombino lo que imperaba era el designio del cacique o emperador de turno. Ni antes de la Conquista ni después existió justicia como la entendemos en la actualidad. Era, en todo caso, una antijusticia como la que ahora, con el pretexto de los derechos colectivos, se quiere condonar.
Lo más tenebroso del caso es el silencio de los defensores de los derechos humanos. De pronto se han vuelto ciegos y no ven las imágenes aterradoras de la televisión, se han vuelto sordos y no oyen los gritos desgarradores de las víctimas; mudos también, porque tampoco se escucha su voz.
La justicia indígena se consagró en la Constitución de Montecristi. Los revolucionarios socialistas del siglo XXI se juntaron con los movimientos sociales, los comunistas tradicionales y los de nuevo cuño aliaron fuerzas con representantes de los indígenas para sacar adelante una Constitución repleta de derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derechos por aquí, por allá y por acullá. El Ecuador dejó de ser un Estado de Derecho y pasó a ser Estado de Derechos (así, en plural); y se suscribió a la idea de que era un país plurinacional, sin caer en la cuenta de que la plurinacionalidad no es una declaración patriótica ni una utopía a la que se llega sin costos, sino que tiene una carga ideológica profunda. Es parte del proyecto político que llevó a Rafael Correa al poder y tiene aunados a defensores de los derechos humanos con torturadores ancestrales, socialistas y sociolistos, utópicos y corruptos, patrones de ojos claros y cholos de piel canela, una mezcolanza con un solo destino: el desastre.
© AIPE
FRANKLIN LÓPEZ BUENAÑO, profesor adjunto en la Universidad de Tulane (Nueva Orleans).
Marlon Santi, presidente de la Conaie (Confederación de Indígenas del Ecuador), tiene la desfachatez de afirmar que la pena impuesta el sujeto en cuestión fue "leve", pues en otras comunas incluso se estila aplicar ají al ojo del condenado.
En la comunidad Veinticinco de Agosto, del cantón de Loreto, dos jóvenes acusados de agredir a un profesor quichua fueron quemados. Uno de esos jóvenes ha dejado dos niñas huérfanas. En una población cercana a Pujilí (provincia de Cotopaxi), la policía rescató a un supuesto cuatrero cuando iba a ser sometido a tormentos físicos según mandan los cánones de la justicia indígena.
Estos no son casos aislados, son sólo los últimos en un macabro rosario de ataques a la dignidad humana. Antropólogos a sueldo de las ONG han convencido a los izquierdistas de que, en el pasado, los indios tuvieron justicia propia. Nunca se dice que en el mundo precolombino lo que imperaba era el designio del cacique o emperador de turno. Ni antes de la Conquista ni después existió justicia como la entendemos en la actualidad. Era, en todo caso, una antijusticia como la que ahora, con el pretexto de los derechos colectivos, se quiere condonar.Lo más tenebroso del caso es el silencio de los defensores de los derechos humanos. De pronto se han vuelto ciegos y no ven las imágenes aterradoras de la televisión, se han vuelto sordos y no oyen los gritos desgarradores de las víctimas; mudos también, porque tampoco se escucha su voz.
La justicia indígena se consagró en la Constitución de Montecristi. Los revolucionarios socialistas del siglo XXI se juntaron con los movimientos sociales, los comunistas tradicionales y los de nuevo cuño aliaron fuerzas con representantes de los indígenas para sacar adelante una Constitución repleta de derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derechos por aquí, por allá y por acullá. El Ecuador dejó de ser un Estado de Derecho y pasó a ser Estado de Derechos (así, en plural); y se suscribió a la idea de que era un país plurinacional, sin caer en la cuenta de que la plurinacionalidad no es una declaración patriótica ni una utopía a la que se llega sin costos, sino que tiene una carga ideológica profunda. Es parte del proyecto político que llevó a Rafael Correa al poder y tiene aunados a defensores de los derechos humanos con torturadores ancestrales, socialistas y sociolistos, utópicos y corruptos, patrones de ojos claros y cholos de piel canela, una mezcolanza con un solo destino: el desastre.
© AIPE
FRANKLIN LÓPEZ BUENAÑO, profesor adjunto en la Universidad de Tulane (Nueva Orleans).