En los casos con motivación política la detención preventiva se aplica con el menor pretexto. El más utilizado es el del peligro de fuga por deficiencias en los certificados de registro domiciliario. Estos documentos son emitidos por la Policía Nacional, y se les niega a los opositores que tienen que hacer frente a un juicio, lo cual sirve a los fiscales como motivo para su detención.
Una vez producida la privación de libertad antes de que se haya abierto el juicio, las audiencias de cesación de detención son pospuestas por los jueces sin mayores excusas. En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, la primera audiencia fue pospuesta porque la jueza tenía un seminario. La siguiente fue determinada para diez días más tarde... y también fue postergada porque faltó el secretario de la jueza. La tercera fue determinada para quince días más tarde, por problemas de agenda de la jueza. Obviamente, estos procedimientos vulneran los principios más elementales de protección a la libertad de los individuos.
Todo esto sucede gracias a una Justicia sometida a y atemorizada por el poder político del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las más altas autoridades judiciales han sido nombradas a dedo por el presidente, con lo cual no tienen autoridad moral para administrar justicia con real independencia. Los jueces más honestos piden a los procesados que les recusen para evitar cometer una injusticia: aducen que, de lo contrario, serían procesados y terminarían en la cárcel. No es casualidad que naciones como Brasil, Perú y Paraguay hayan otorgado refugio político a más de cien ciudadanos bolivianos.
A pesar de los múltiples tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Latinoamérica, los mecanismos previstos en los mismos carecen de oportunidad y eficacia para brindar una protección real a los derechos humanos de los perseguidos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias de bolivianos que se sienten perseguidos desde hace varios años, sin que hasta hoy hayamos recibido por lo menos una visita de verificación in situ. El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, a través de su representante en Bolivia, mantiene un silencio cómplice y complaciente frente a las violaciones de los derechos humanos de los opositores.
Es en esta realidad e indefensión que debemos luchar democráticamente, si queremos volver a vivir en una sociedad de personas libres.
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ÓSCAR ORTIZ ANTELO, expresidente del Senado de Bolivia.