Para que las relaciones con Rabat dejen, por lo menos, de ser malas o perjudiciales para España, es necesario que estén basadas en unas premisas correctas y que nos permitan alcanzar los objetivos más confomes a nuestros intereses.
La relación con Marruecos se ha basado, en primer lugar, en una errónea idea de lo que se entiende por vecindad. Resulta asombroso que, cuando se habla de Marruecos, no se plantee ni como hipótesis que "vecindad" pueda significar algo distinto de "buena vecindad". No parece necesario hacer una lista de países fronterizos que mantienen unas relaciones conflictivas. Lejos de representar una excepción, el caso hispano-marroquí es muy normal, sobre todo cuando las fronteras no son sólo políticas, sino culturales, religiosas o económicas: ahí están los casos de Grecia y Turquía, Turquía e Irak, la India y Pakistán, Rusia y Ucrania, USA y México, Israel y Siria, por citar sólo unos pocos.
Como sucede en la vida común, la vecindad entre países no tiene por qué ser armónica. Una buena vecindad presupone que las partes siguen y respetan en sus relaciones unas mismas reglas. Por lo demás, las relaciones son de vecindad y no de sumisión cuando las reglas no las impone una de las partes, sino que han sido pactadas por ambas.Es evidente que éste no es el caso cuando hablamos de las hispano-marroquíes. Rabat sigue incumpliendo el acuerdo de repatriación de inmigrantes procedentes de terceros países que suscribió en 1992, con un Gobierno socialista en La Moncloa. Asimismo, incumple sus obligaciones para con el Derecho Internacional cuando se niega a delimitar las fronteras marítimas con Madrid. Y, por si esto fuera poco, pretende vetar las visitas de los responsables políticos españoles a un territorio cuya soberanía es indiscutida e indiscutiblemente española para el Derecho Internacional.
La conclusión es evidente: mientras Marruecos no asuma las reglas del Derecho Internacional en su conducta exterior, jamás podrá ser un buen vecino.
Así pues, es falso que el Gobierno Rodríguez tenga unas "buenas relaciones" con Marruecos. De entrada, el Gobierno Rodríguez tendría que explicar cómo puede haber unas "buenas" relaciones con un Estado que se niega a cumplir un tratado sobre emigración que él mismo suscribió, que ha ocupado parte del territorio español en Melilla y que ha otorgado concesiones petrolíferas en aguas próximas a Melilla y que no le pertenecen.
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La relación con Marruecos está lastrada, como ya se ha indicado al principio de este artículo, por un análisis deficiente. Y es que, para empezar, Marruecos no es "el" vecino del Sur, sino uno de ellos. Guste o no guste, España tiene en el Sur tres vecinos más: aparte de la terrestre con el Reino Unido (ahí está la colonia de Gibraltar), tenemos fronteras marítimas con Argelia y el Sáhara Occidental. La cuestión es estratégicamente importante. En efecto: unas correctas relaciones con el norte de África han de partir de esa realidad: no siendo Marruecos el "único" vecino del Sur, no conviene mantener una política exterior norteafricana que privilegie a Marruecos por encima de los demás vecinos.
La política de Rodríguez de establecer unas relaciones "especiales" con Marruecos, distintas de las que mantenemos con Argelia o el Frente Polisario (y Mauritania), se ha demostrado perjudicial para los intereses españoles. Era, por tanto, mucho más acertada la política de Aznar, dirigida a mantener unas relaciones equilibradas con todos los vecinos del Sur: Marruecos, Argelia y el Polisario –y Mauritania.
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Si un análisis incorrecto lastra inevitablemente nuestra política exterior hacia Marruecos, el problema se torna más grave si el enfoque de lo que se pretende conseguir con esa relación es erróneo.
Durante muchos años (durante buena parte del franquismo, durante casi toda la Transición y, de forma destacada, durante la etapa de Gobierno de Rodríguez), España ha padecido un inexplicable complejo en sus tratos con Marruecos. Las presiones marroquíes parecían producir su efecto en España, y resultaba profundamente patético contemplar cómo el país más débil militar, económica, social y políticamente podía asustar al otro cada vez que esgrimía sus amenazas.
En España nadie parece entender que nuestra superioridad militar es indiscutible (como, por lo demás, se vio en la crisis de Perejil). Es extraño que no se quiera apreciar que somos mucho más ricos que Marruecos, y que nuestra economía puede funcionar perfectamente sin Marruecos. Sin embargo, la de Marruecos no podría funcionar sin la nuestra. Conviene recordar que, desde 1994, las fronteras marroco-argelinas permanecen cerradas: quien más ha perdido por ello es Marruecos, en vez de Argelia. Y conviene recordar que España es el segundo mercado para la producción marroquí, así como el lugar de paso de la mayoría de sus productos. Un cierre de las fronteras españolas significaría, pura y simplemente, la ruina para Marruecos.
Por lo demás, España es miembro de la OTAN y de la UE, con todo lo que ello conlleva.
Sabido todo lo anterior, resulta inexplicable que desde España se quiera hacer una política exterior cuyo único objetivo sea "apaciguar" la "ira" del sultán. Una política, por lo demás, imposible, pues ignora el carácter caprichoso de quien lo es todo en la política marroquí. La política de apaciguamiento que, de forma paralela a lo ocurrido con ETA, ha desarrollado el Gobierno Rodríguez ha fracasado, evidentemente. Sirvan los siguientes ejemplos como muestra:
– España se calló cuando, al mes de llegar el PSOE al Gobierno, Marruecos se opuso a solucionar el conflicto del Sáhara mediante la aplicación del Plan Baker, calificado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU como "la solución política óptima".– España se negó a cursar la protesta diplomática oportuna cuando, a los pocos meses del acceso al poder de Rodríguez, Marruecos hizo unas concesiones petrolíferas en aguas españolas próximas a Melilla (julio de 2004).– España se negó a protestar enérgicamente cuando Marruecos pretendió atribuir a la Guardia Civil el asesinato de varios emigrantes del África Negra en la frontera terrestre hispano-marroquí.
En cambio, puede decirse que las relaciones hispano-marroquíes alcanzaron su mayor grado de fecundidad con la Cumbre de Marraquech, en diciembre de 2003. Fue entonces, cuando España se planteó unas relaciones basadas en el respeto y no en el entreguismo o el apaciguamiento, que Marruecos, efectivamente, se tomó más en serio a su vecino del Norte.
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La experiencia lleva a conclusiones incontrovertibles. Sin embargo, se persiste una y otra vez en el error. ¿Por qué? La respuesta sólo es posible a partir del análisis del lobby promarroquí que opera en España. Este grupo de presión es de carácter transversal e impregna todas las esferas de influencia y decisión: partidos políticos, think-tanks, instituciones de enseñanza superior, finanzas, empresas, medios de comunicación... Su ideología básica es la del colchón de intereses.
De nada sirvió que la crisis de Perejil significara el estrepitoso fracaso de esta ideología: los patrocinadores del lobby promarroquí siguen en sus trece. Para ellos, "vecindad" sólo puede querer decir "buena vecindad". Al precio que sea, y aunque el pagano sea siempre España.
CARLOS RUIZ MIGUEL, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago.