En su acostumbrada retórica vacía, Chávez habló de "recuperar la propiedad de los medios estratégicos de soberanía", desconociendo que, desde comienzos del siglo pasado, los Estados han nacionalizado el espectro electromagnético, a través del cual se propagan las ondas de radio y televisión. Una emisora que no tiene acceso al espectro no puede transmitir. De ahí que, para clausurar una radio, sólo se necesite que el Gobierno de turno le revoque o no le renueve la licencia.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en una crítica pusilánime a Chávez, dijo que el cierre de un medio era "una forma de censura" sin precedentes en democracia. Se equivoca. A diferencia de la prensa escrita, la radio y la televisión son dos medios masivos que nunca, en ninguna parte, han estado libres de la censura y la amenaza. La propiedad estatal del espectro ha permitido a los Gobiernos otorgar caprichosamente permisos a empresas privadas y estatales.
Es absurdo esperar que en Venezuela y otros países del barrio latino radical, caracterizados por el abuso de poder, la politización de los medios y la corrupción oficial, se respete la libertad de las radios y los canales de televisión, cuando en EEUU, "meca de la libertad de prensa", este ideal ha sido apenas una ilusión. Las emisoras norteamericanas ajustan su programación a las políticas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en cuestiones que van desde el tiempo concedido a los candidatos en la propaganda electoral hasta la moderación de los editoriales y opiniones transmitidos.
En América Latina la situación es mucho peor. Los aprendices de brujo como Hugo Chávez, en respuesta a las críticas, cuelgan sobre cada estación de radio y televisión la espada de Damocles: la amenaza de la no renovación de la licencia o la suspensión de la misma. Los Gobiernos, al conceder licencias, asumen la autoridad para regular las estaciones en lo relacionado con la frecuencia, la potencia, la tecnología y, sobre todo, el contenido informativo. Chávez estatizará las emisoras para subsidiar el socialismo, a expensas de la gente.
Además, las opiniones e informaciones sobre corrupción en radios y televisiones a menudo siguen dócilmente la "versión oficial". Lo mismo ocurriría con la prensa escrita si estuviera sujeta a licencias que debieran ser aprobadas y renovadas.
Las limitaciones a la radiofonía son muy nocivas porque afectan a los medios más populares, que además son los más eficientes a la hora de propagar información. Por otro lado, las grandes cadenas aprovechan la interferencia de los Gobiernos para obstaculizar el ingreso de nuevas emisoras y canales. La propiedad pública del espectro promueve el control gubernamental. No ocurre lo mismo con los diarios, los libros y las revistas.
La única solución a esta violación a la libertad de expresión está en hacer lo contrario de Chávez: privatizar el espectro y otorgar títulos de propiedad a las concesionarias. Cada estación debe ser propietaria de su frecuencia, su potencia, su ancho de banda, para poder así disponer de todo ello, y, si lo estima oportuno, venderlo o alquilarlo, sin temor a represalias. Así aumentarían la inversión y la innovación tecnológica.
No es cierto que las interferencias o la "escasez" del espectro justifiquen la propiedad pública. El espectro no es muy diferente a la tierra, con sus problemas de límites, interferencias, invasores y piratas, que con la propiedad privada se solucionan en la justicia. En cambio, la propiedad estatal llevará indefectiblemente a la destrucción de la libertad, en primer lugar en los países más pobres y desamparados.
Las radios y las televisiones deben independizarse de los déspotas. Hoy es Chávez; mañana serán otros.
© AIPE