Cuando, hace un par de semanas, leí un artículo del Dr. Carlos Iván Zúñiga sobre los atisbos autoritarios del actual Gobierno panameño, no pude menos que reflexionar con preocupación sobre lo que, con su habitual brillantez, denunciaba el destacado político. Los ciudadanos de este país no podemos permanecer impasibles ante las señales de peligro que se suceden con alarmante velocidad: la detención de dirigentes de Frenadesso en Santiago porque el jefe policial del área quería "conversar" con ellos; las presiones de altos personeros del Gobierno por noticias que no son de su agrado, y que han terminado en destituciones de periodistas en medios televisivos y escritos; la detención de una extranjera por hacer un reclamo legítimo al director de la Policía; el cerco a la Universidad de Panamá; los excesos en los dispositivos de seguridad durante la visita del presidente Bush; las acciones claramente represivas de la Dirección General de Ingresos y la Unidad de Análisis Financiero en contra de personas no afines al Gobierno: son solamente algunos hechos que puedo mencionar dentro de un largo rosario de arbitrariedades que ya acumula el neotorrijismo en poco más de un año de gestión.
El presidente Torrijos llega al poder con una clara mayoría, respaldada por un dominio bastante claro de la Asamblea Nacional y las principales alcaldías. Como si ello fuera poco, su Gobierno mantiene una estrecha relación con los propietarios y directores de los principales medios de comunicación del país, tal como lo expuso el diario La Prensa en un reportaje publicado en los primeros meses de la Administración actual, lo cual le permite, por decirlo de alguna manera, manejar una muy eficaz capacidad para "controlar el daño" que le puedan ocasionar noticias desfavorables. Es así como hechos que, en la anterior Administración, habrían merecido titulares infamantes, en la actual apenas si merecen una mención en las páginas interiores.
Esa excesiva concentración de poderes en manos del presidente, la notoria división de la oposición política y el papel mojigato que están jugando otras instancias de fiscalización ciudadana representan un grave peligro para la democracia panameña. Repito: los ciudadanos panameños en general y los dirigentes políticos de oposición en particular no podemos quedarnos callados ante los abusos que se están cometiendo.
Lo peor que le puede pasar a la libertad de expresión en nuestro país es que los periodistas se autocensuren por temor a las represalias, por temor a ser botados de su trabajo si publican algo que no es del agrado de quienes gobiernan, como si viviéramos en una monarquía absolutista y no en una democracia representativa.
El neotorrijismo se parece demasiado al chavismo venezolano. Se basa en un discurso populista, pretendiendo que resolverán los graves problemas del país repartiendo bonos y becas con un criterio meramente asistencialista y clientelista. Se basa en un actuar autoritario, como los ejemplos ya citados así lo demuestran. Y se tiñen de un barniz democrático, imponiendo en la práctica la mayoría que ganaron en las urnas sin entender que no recibieron un cheque en blanco, sino un mandato de gobernar según lo prometido. Y lo prometido no fue traer el chavismo a Panamá.
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José Blandón Figueroa, diputado panameño. Artículo publicado originalmente en el diario El Panamá América.