Cómo trata México a los inmigrantes ilegales

– El Gobierno mexicano puede prohibir la inmigración si desestabiliza "el equilibrio de la demografía nacional". ¿Esto no tiene nada que ver con fichar a la gente de acuerdo con su filiación étnica y racial?

– Si los extranjeros no promueven los "intereses económicos o nacionales" del país, o no están sanos "física o mentalmente hablando", no son bienvenidos. Tampoco lo son aquellos que muestren "desprecio a la soberanía o a la seguridad nacionales". No pueden representar una carga económica para la sociedad ni tener antecedentes penales. Quienes opten a la ciudadanía mexicana han de aportar su certificado de nacimiento y una nómina –que demuestre su independencia económica–, aprobar un examen y demostrar que pueden hacerse cargo de sus hipotéticos gastos sanitarios.

– La entrada ilegal en el país es considerado un delito grave, penado con dos años de prisión. La posesión de documentación falsa está penada prisión y multa; lo mismo cabe decir de los matrimonios de conveniencia. Evadir la deportación es un delito grave; la penetración ilegal en México tras una deportación se castiga con diez años de cárcel. Los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional sin orden judicial ni esperar a que se resuelva litigio alguno (muy otra es la circunstancia en EEUU, como bien recordará todo aquel que siguiera el caso de la tía ilegal de Obama, prófuga de la justicia –estaba condenada a la deportación– durante ocho años, tiempo en el cual se mantuvo a la espera de que se resolviera el suplicatorio que pidió luego de que se le denegara la petición de asilo).

– Los funcionarios deben cooperar para hacer cumplir las leyes de inmigración, incluidas las relacionadas con la detención y deportación de ilegales. El ejército está obligado a colaborar en las operaciones de control migratorio. Los mexicanos nativos están facultados para hacer arrestos ciudadanos de indocumentados y entregarlos a las autoridades.

– El Registro Nacional de Población sigue la pista a y verifica la identidad de cada mexicano. Por lo que hace a las visitas, quienes no tengan los papeles en regla son detenidos y considerados extranjeros en situación ilegal.

Todas estas disposiciones están recogidas en la Ley General de Población de México.

Los partidarios de la apertura total de fronteras se han manifestado ante el Capitolio de Arizona con entera libertad, comparando a la gobernadora, la republicana Jan Brewer, con Hitler, enarbolando banderas mexicanas, instando a los manifestantes a "Machacar al Estado" y portando carteles que proclamaban "Ningún ser humano es ilegal" y "Tenemos derechos". Pues bien: en México no podrían hacer nada parecido. Allí, la Constitución prohíbe a los no ciudadanos "participar de ninguna manera en los asuntos políticos del país". Es más: una plétora de leyes promulgadas por el Congreso mexicano limitan la participación de los ciudadanos y empresas extranjeros en multitud de ámbitos, desde la inversión a la educación, pasando por la minería y la aviación civil, el suministro eléctrico y la tenencia de armas de fuego. Los extranjeros tienen severamente limitados sus derechos laborales y de propiedad, si es que tienen alguno.

Por otro lado, el Gobierno mexicano es famoso por sus abusos contra los inmigrantes ilegales centroamericanos que penetran en su territorio por la frontera sur. Cruz Roja ha protestado por la corrupción desaforada de la policía mexicana, así como por la manera en que intimida y chantajea a los ilegales.

México no ha respondido a los retos migratorios con una amnistía masiva de ilegales, como en cambio pide que hagamos nosotros. De hecho, lo que ha solido hacer ha sido endurecer sus posiciones. Así, a finales de 2008 lanzó un plan de deportaciones para frenar la inmigración ilegal desde Cuba y la trata de blancas a través de Cancún.

Las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos se han coordinado con los grupos locales de izquierdas y la dirigencia de la Iglesia Católica para exigir una moratoria en las deportaciones y la congelación de las inspecciones contra el empleo de mano de obra ilegal. En cambio, en casa, las autoridades mexicanas se las gastan como se las gastan.

Hipócritas.


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