En 1989 visité Polonia, cuando se encontraba en plena transición del socialismo estatal a la empresa y la propiedad privadas. Tuve la ocasión de preguntarle al jefe ideológico del partido comunista si consideraba que la propiedad privada era compatible con el comunismo y el socialismo. Me contestó que ese punto todavía se estaba sometiendo a debate. Los comunistas perdieron el poder poco después, antes de que sus ideólogos pudieran contestar a la pregunta de marras. En cambio, China sí la ha respondido.
Evidentemente, legalizar la propiedad privada representa un alejamiento del comunismo. De hecho, la legalización de la propiedad privada se había venido posponiendo por la oposición de quienes consideran que es incompatible con el socialismo. Éstos acaban de morder el polvo: fueron 3.000 los delegados del Congreso que votaron a favor, y sólo unos pocos los que votaron en contra. Esto, sumado a que los empresarios pueden desde hace un tiempo ser miembros del partido comunista, supone el reconocimiento oficial del capitalismo.
China ha experimentado un extraordinario crecimiento en los últimos 30 años; en promedio, de un 7% anual. Podríamos, entonces, deducir que la protección de los derechos de propiedad no es esencial para lograr el desarrollo cuando se parte desde unos muy bajos niveles de ingreso y que China, en realidad, protegía lo suficiente al sector privado como para que creciera desde prácticamente cero hasta convertirse en el predominante de su economía.
A pesar de la limitada protección oficial, las viviendas, las tierras, los negocios y las acciones se compran y venden privadamente. Hay grandes incentivos para la creación de nuevas empresas, las inversiones agrícolas y el aumento de la productividad. Cálculos recientes indican que la eficiencia de la economía china ha mejorado un 4% al año desde 1993, mientras que el incremento del capital invertido por cada empleado contribuyó igualmente a un aumento anual de la productividad del 8,5%.
Son logros sin precedentes, especialmente si los comparamos con lo sucedido en los quince años inmediatamente anteriores a 1993. Ahora bien, cabe rebajarlos. La inversión en el campo a largo plazo se ha visto desalentada por la inseguridad que han sufrido los campesinos en lo relacionado con la posesión de tierras, y han sido frecuentes las manifestaciones violentas en protesta por las expropiaciones llevadas a cabo, sin la adecuada compensación, por los gobiernos locales. Ni siquiera la nueva ley dará derechos totales sobre la propiedad. Por su parte, quienes viven en las ciudades temen por la propiedad de sus viviendas, que a veces son expropiadas por las autoridades municipales para destinar los terrenos sobre los que se asientan a otros usos. La nueva ley habla de compensaciones, pero no las concreta.
Pienso que, para que siga creciendo y pueda convertirse en una nación de altos ingresos, es indispensable que China guarde el mayor respeto a la propiedad. Las naciones avanzadas protegen las patentes, las franquicias, los programas de computación, los complicados contratos de arrendamiento y las demás formas de propiedad, tangible e intangible. Dicho respeto es esencial para fomentar ese tipo de inversiones, que es más importante a medida que la economía avanza.
La protección total de los derechos de propiedad precisa de un sistema judicial independiente y eficiente. Las naciones anglosajonas han sido los mejores garantes de los derechos de propiedad. En China no hay independencia judicial, por lo que no hay garantía alguna de que se cumplan los contratos. Los tribunales son parte del Gobierno central, y los jueces ni siquiera pretenden tener autonomía. Los tribunales chinos proceden con arbitrariedad.
Si se aplica como es debido, la legitimación de la propiedad privada tendrá importantes implicaciones en la futura dirección de la economía china. Que tales implicaciones signifiquen una evolución y no una revolución es indicativo de lo mucho que China se ha alejado de su pasado socialista.
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